Por Ignacio Boulin y Enrique Cadenas
Este informe trata sobre cómo el Estado, y en particular la administración pública, puede mejorar el diseño de sus regulaciones y el rol que el derecho administrativo está llamado a cumplir. El crecimiento del rol regulador del Estado y la trascendencia que la administración pública adquiere en esa situación exigen repensar el derecho administrativo.
Ya no basta entenderlo como un derecho destinado a evitar la arbitrariedad de la administración y a la defensa de los particulares. Esto es algo, pero no lo es todo. Nuevas preguntas se plantean: ¿cómo puede ser el derecho administrativo más útil para la toma de buenas decisiones públicas? ¿Qué espacios debe abrir en los procedimientos para que exista una mayor participación pública en la adopción de regulaciones? ¿Qué tipos de intervención estatal debe propiciar?
El progreso del derecho administrativo durante el siglo XX (en buena medida vinculados con la protección de los intereses y derechos particulares) debe continuar en el camino que tiene como destino una administración pública justa, inteligente y moderna.
Es preciso rediseñar el rol y el alcance del derecho administrativo para hacerlo capaz de contribuir a:
• optimizar el proceso de diseño de políticas públicas, inspirándolas en la justicia;
• democratizar la administración pública, generando una participación real de las personas en el gobierno;
• facilitar el control de la administración y mejorar los sistemas de rendición de cuentas de los funcionarios públicos;
• buscar la mejora de las regulaciones a través del uso de evidencia en su diseño;
• en breve, poner a la administración a pensar.
Alcanzar estos objetivos demanda salir de esquemas mentales en los cuales las distintas ciencias ocupan espacios estancos, y entrar en una visión realista: la tarea del administrador público, en cuanto diseñador e implementador de políticas públicas integra el derecho y la economía, la psicología y otras ciencias para generar regulaciones inteligentes.
Esta investigación explica los pilares teóricos que fundamentan el camino que proponemos recorrer. Para esto, analiza las falencias democráticas del derecho administrativo y la administración pública. Muestra las necesidades imperiosas de mejorar la relación de la administración y el público, a fin de obtener decisiones con mejor nivel de acatamiento.
También fundamenta la validez de nuevas prácticas regulatorias que se utilizan en el ámbito de OECD y de Estados Unidos, utilizando técnicas propias de la economía del comportamiento. A la vez, propone lineamientos para mejorar las formas en la cual se emiten regulaciones de alcance general.
Siguiendo los lineamientos de OCDE – y a la vez, evitando un trasplante institucional que no toma en cuenta la cultura jurídica de un país – se sugiere adoptar un modelo que impulse la participación ciudadana previo a la toma de decisión y que obligue a justificar la regulación de forma exhaustiva y con base en la evidencia.
Por último, se propondrá que la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia asuma la tarea de ser la cabina de comando, el centro neurálgico del estado regulatorio, capaz de dar unidad de funcionamiento y visión a la administración pública.
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santiago-boulin-cadenasFuente: https://www.austral.edu.ar/escueladegobierno/wp-content/uploads/2018/03/santiago-boulin-cadenas.pdf